Max-Neef (1986), habla que la perspectiva de desarrollo a escala humana se sustenta en la
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de
autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social,
de la planificación con la autonomía y de los ciudadanos con el Estado.
En este sentido, Colombia a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ha venido trabajando la
estrategia para atender todos los elementos funcionales de la cadena del manejo de los residuos
sólidos, pretendiéndose con la gestión integral de residuos sólidos como se muestra la figura 3,
fortalecer la capacidad institucional, para generar propuestas de desarrollo sostenible en el manejo
de los residuos sólidos promoviendo el aprovechamiento de materias primas, generando impacto
económico, político, social y cultural. Esta perspectiva de fortalecimiento institucional se focaliza
estratégicamente en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, reglamentado en el
artículo 8 del Decreto 1713 (2002).
En el PGIRS, se debe propender por el aprovechamiento de las economías de escala, en beneficio
de los usuarios a través de la tarifa del servicio público de aseo. Las variables de interés son la
cantidad de residuos generados, nivel, calidad, densidad de las viviendas, equipos, gestión
administrativa, operativa y de mantenimiento del servicio, la asociación de municipios, las
condiciones y la localización de los componentes del sistema, todo en búsqueda de la equidad
social.
En esta dinámica las personas prestadoras del servicio público de aseo domiciliario, a nivel
municipal, tienen libertad de competencias, sin limitaciones de entrada al sistema, no abuso de
posición dominante, funcional social y ecológica, efectúan prácticas sin discriminación en la
prestación del servicio e igualdad de condiciones en las licitaciones.
Los residuos sólidos se convierten entonces en un tema de sostenibilidad, de emprendimiento, de
dignificación de los recuperadores, mal llamados recicladores, de equidad, en un factor de desarrollo
social, orientados en sus principios básicos: garantizar la calidad del servicio a toda la población,
prestar eficaz y eficientemente el servicio en forma continua e ininterrumpida, obtener economías de
escala comprobables, establecer mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y
su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, desarrollar una cultura de la no basura,
fomentar el aprovechamiento, minimizar y mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente,
ocasionado desde la generación hasta la eliminación de los residuos sólidos, es decir en todos los
componentes del servicio. Art. 3. Decreto 1713 (2002).
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